Agua, concentración de recursos naturales y conflictos en el Perú

Setiembre, 2010

Mourik Bueno de Mesquita (Países Bajos, 1948).
Especialista en Gestión Social del Agua en Cuencas.

1. Introducción

Durante los últimos 30 años, los sucesivos gobiernos peruanos han preparado e implementado la apertura neo-liberal a la inversión de capitales nacionales e internacionales para dar prioridad a un modelo de desarrollo económico basado en las industrias extractivas, minería, petróleo, gas, agro-industria, agro-exportación, hidroeléctricas y la explotación forestal. Estas políticas neo-liberales inmersas en los procesos generales de globalización, dan también impulso y prioridad a la concentración de tierras, concesiones mineras, petroleras, forestales y consecuentemente, a la acumulación del acceso y derechos al agua de estos grupos económicos dominantes. Los efectos ambientales y de conflictos sociales crecen desde el 2000 hasta hoy. El actual gobierno de Alan García intensifica este modelo agresivamente, ajusta la legislación peruana en función del TLC y da mayor acceso al territorio de comunidades campesinas e indígenas para la inversión nacional, extranjera y la explotación industrial-empresarial.

En este texto se describe, desde una mirada histórica evolutiva, las tendencias y procesos de acumulación y concentración de los derechos y accesos a las tierras, el agua y el territorio en el Perú, por parte de nuevos grupos económicos, como la agro-industria, las industrias extractivas de minería y petróleo, así como de las concesiones forestales.

La impresión es que no habrá cambios sustanciales en la situación de los conflictos y las movilizaciones sociales, producto de los procesos de acumulación, si no se cambia el modelo y la política neoliberal en el Perú. Es más, desde el diagnóstico que aquí se presenta, se constata que las tendencias de acumulación, concentración y conflictos van a continuar creciendo y consecuentemente los efectos socio-ambientales también.

2. Los últimos 40 años en relación al agua, la tierra y concesiones*

La Reforma Agraria
La Reforma Agraria del Gobierno Militar Reformista del General Velasco Alvarado intervino en la concentración de las tierras en manos de las haciendas y el uso del agua casi como propiedad privada. Expropió, re-ordenó y juntó, durante los años 1969 a 1974, las tierras de las haciendas en la costa y la sierra en grandes empresas asociativas, cooperativas de producción y propiedad social, involucrando de diferentes maneras a los ex-trabajadores y a las comunidades campesinas en el acceso a las tierras y por ende, a las fuentes y recursos hídricos.

Esta concentración de tierras para la producción agraria, con el objetivo de una producción social a escala, encontró múltiples dificultades de viabilidad y desarrollo, tanto técnico como económico, financiero, social y gerencial. La segunda parte del Gobierno Militar Reformista, con el General Morales Bermúdez, de orientación derechista, paró el proceso de la Reforma Agraria y la implementación de otras reformas. Desde la presión de la población rural involucrada y la toma de tierras por parte de las comunidades campesinas en el sur andino (Andahuaylas 1975, Puno 1978 y Cusco 1980) así como desde los gobiernos post-reformas militares, se impulsó finalmente la parcelación de las tierras de las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y las Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS). Sus tierras fueron adjudicadas a las comunidades campesinas en la sierra y en la costa desaparecieron paulatinamente, las grandes extensiones, por procesos de parcelación o venta.

La contra-reforma y la orientación neo-liberal
Esta re-estructuración y parcelación formaba parte del proceso de las contra-reformas. En los años 1980 a 1990, con el gobierno de Belaunde-Acción Popular y el primer gobierno de Alan García-APRA, se realizaron, entre otras, varias modificaciones en la legislación de tierras que apuntaba a ampliar el tope de la tenencia para empresas y agricultores medianos a grandes. La privatización de las cooperativas azucareras en la costa norte fue otra política impulsada en los años ’90, así como la prioridad al crecimiento del sector empresarial en el agro costeño. Poco a poco se clarifica el giro hacia políticas de corte neo-liberal, que encuentra su continuidad y fuerte impulso durante los dos Gobiernos de Fujimori (1990 a 2000) y la preparación para la firma del TLC con Estados Unidos, en el Gobierno de Alejandro Toledo.

La violencia y el deterioro de la organización social política
Los años de la violencia y guerra interna con el enfrentamiento entre el movimiento de Sendero Luminoso y la acción contra-terrorista, de las Fuerzas del Orden y Fuerzas Armadas, arrojaron un saldo de 70.000 muertos, principalmente entre la población campesina e indígena de la sierra y selva del Perú¹. Durante este triste episodio se paralizó temporalmente el proceso de privatización y re-concentración de tierras y en general se frenó, por corto tiempo, el inicio de la ampliación de la explotación de los recursos naturales por la industria extractiva. A su vez, la organización agraria, la organización campesina, en torno a las comunidades campesinas, se desintegra y se desarticula, perdiendo vigencia en la gestión territorial y de los recursos naturales y el agua.

En general, la estructura organizativa política y el movimiento sindical en el país sufre un serio debilitamiento a partir de la agresiva política del Gobierno de Alberto Fujimori-Montesinos y el golpe interno del ’92. Los partidos tradicionales de izquierda desaparecen casi completamente del escenario político. El Gobierno de Fujimori intenta diferentes cambios, orientados a la privatización de los recursos naturales, la Ley General de Agua y la estructura de las organizaciones de regantes y del uso agrario. Sin embargo, no se logró el objetivo, básicamente porque las organizaciones mantienen un fuerte poder y acción política mediante la Junta Nacional de Distritos de Riego. A la vez se trató de implementar un sistema diferente y paralelo mediante las Autoridades Autónomas de Cuenca en la costa, que resultaron ser, sin embargo, “ni autoridad, ni autónomas”.

La apertura neo-liberal y la perspectiva de concentración de recursos naturales
Después de la caída del gobierno de Fujimori, los respectivos gobiernos conjuntamente con instituciones multilaterales de cooperación para el desarrollo como el BID y el Banco Mundial, promueven y facilitan el desarrollo de un nuevo tipo de empresas agrarias. La concentración de tierras en la costa y la promoción de la inversión (capital financiero nacional y extranjero) juegan un papel central. Las empresas de agro-exportación también aumentan en cantidad y se fortalece la perspectiva de producción de bio-combustibles, materializado mediante la ampliación de los proyectos de riego. Esto ocurre mayormente en la costa norte del país, donde se concentra 90 % de la infraestructura y proyectos de riego, y en menor grado en los valles del sur, en particular en Ica y la zona agrícola bajo riego de Majes en Arequipa.

A partir del 2003 se inicia el “boom” de la industria extractiva con el precio creciente de los minerales en el mercado internacional y el aumento, hasta el día de hoy, de las concesiones de explotación minera, gas, petróleo y forestal. Además del incremento de la contaminación de los principales ríos en el país, se agudiza la competencia por el acceso a las fuentes y la disponibilidad del agua empeorada por la invasión de tierras de comunidades por la explotación minera. Consecuentemente, aumentan las protestas por parte de la población.

En este mismo periodo, el gobierno de Alejandro Toledo impulsa la negociación para la firma del TLC con Estados Unidos. Algunas iniciativas de proyectos de ley sobre la gestión de los recursos hídricos de este periodo, fracasan por la resistencia de los diferentes sectores públicos y por las objeciones de la Junta Nacional de Regantes. Ésta, siente la amenaza de una disminución de su poder y su estatus prioritario para el uso agrario del agua. En el 2006, al final del gobierno de Toledo, sale la propuesta de la Gestión Nacional e Integrada de Los Recursos Hídricos por parte de la Intendencia de Recursos Hídricos, del Ministerio de Agricultura, pero queda a nivel de borrador y sin aprobación oficial. El nuevo gobierno de Alan García, al inicio de su gestión, está muy cauto y dudoso de la implementación de un nuevo proyecto de Ley de Agua (2007) pero luego toma la iniciativa, hacia la implementación de los principios neoliberales inmersos en el acuerdo del TLC firmado con los Estados Unidos, dando un giro total a la orientación política de su discurso de reformas en su campaña electoral.

3. Tendencias de concentración de tierras, agua y concesiones

En realidad podemos hablar, desde el gobierno de Fujimori, de una tendencia creciente de acumulación y concentración del acceso a/y el poder sobre los recursos naturales y mineros así como de sus respectivos territorios, lo que se está acentuando desde 2006, con el nuevo gobierno del APRA.
(i) Los derechos mineros en el Perú abarcan importantes porcentajes del territorio, aunque de manera diferenciada, a lo largo y ancho del país. El siguiente cuadro muestra este panorama de distribución de la ocupación territorial por grupo de departamentos, principalmente de la sierra y parte de la selva.

Cuadro 1. Ocupación territorial de las concesiones mineras en el Perú

La ocupación territorial de la explotación minera, afecta y cambia profundamente el sentido del territorio y la organización social-territorial, deteriorando la calidad y cohesión del tejido social local en las zonas de su presencia e influencia. Su efecto va mucho más allá de la mera superficie y tamaño de la concesión. La concesión se amplía por la compra de tierras aledañas, que actúan como zona de “amortiguamiento” de la protesta social, evitando la presión de las comunidades campesinas. Pero también se compra tierras para tener acceso y obtener los derechos al agua, de fuentes superficiales o subterráneas. La contaminación de aguas y tierras, los relaves, el transporte de químicos, pueden afectar ámbitos mayores a los de la sola concesión. De esta manera, crece el ámbito territorial de influencia, el poder y los efectos de la gestión de las empresas mineras. Por tanto, los porcentajes que se presentan en el cuadro pueden resultar considerablemente mayores.

Un tema con tendencia creciente, es la minería artesanal y la informal, mayormente orientadas a la explotación de oro, arrasando con el ambiente natural y deforestando miles de hectáreas en la selva. Usa enormes cantidades de mercurio (Hg) que queda en el ambiente, el agua, la fauna, los peces, las tierras y consecuentemente afecta a la salud humana. La importación libre de mercurio desde Estados Unidos y España se ha duplicado en los últimos años, llegando a 135,000 Kg./año para el uso mayormente de la minería informal o artesanal (98%)². Este tema es complejo y complicado; por no haber normas claras, su fiscalización y control es nulo; mientras, el Ministerio de Energía y Minas sigue dando derechos mineros en ámbitos críticos de deterioro socio-ambiental, donde no proceden los estudios de impacto ambiental y donde se da derechos mineros sobre terrenos con derechos agrícolas, forestales o áreas protegidas, como es el caso en Madre de Dios y en Puno (el Comercio, 10 de octubre 2009). Detrás de esta complejidad se denuncia frecuentemente al aparato del Estado por falta de voluntad política para intervenir en crímenes ambientales, por conveniencia y por corrupción.

Esta minería cuenta con un flujo temporal de campesinos pobres de la zona andina que buscan de esta manera, como peones mal pagados y en condiciones infrahumanas, completar los pocos ingresos familiares. Extremos de trabajo infantil, prostitución, esclavismo, alcoholismo, drogas, contrabando, criminalidad y violencia, muy del estilo de “ley de la selva”, se propagan fácilmente en estas condiciones y áreas lejanas.

(ii) Otro fenómeno, con tendencia creciente, es la concentración de tierras para agro-exportación principalmente de espárragos y caña de azúcar para bio-combustibles en la costa, y plantaciones de palma aceitera en la selva. La producción es empresarial, de capital financiero nacional y extranjero (entre otros, capital chileno).

El cuadro 2, muestra la adquisición y concentración de tierras (cerca de 10,000 Has.) en el desierto del Valle de Ica por capitales financieros, para producción y agro-exportación de espárragos, páprika y vid. Se usa principalmente el agua subterránea, por bombeo y con tecnología de sistemas de riego por goteo, sobre-explotando los acuíferos, a menudo con consentimiento del administrador de aguas. Este hecho ha generado diversos conflictos con pequeños agricultores en Ica, usuarios de pozos de agua potable y comunidades de altura en Huancavelica, de donde se transvasa aguas para riego al valle. Por otro lado, la sobreexplotación de agua subterránea, aumenta la urgente necesidad de recargar los acuíferos. Todo esto hace que los sentidos de despojo del agua sean crecientes.

Cuadro 2. Concentración de tierras agrícolas por adquisición de empresas
agro-exportadoras en el valle de Ica, en la última década

(iii) De igual modo, el cuadro 3 muestra la concentración de tierras en el Valle de Piura (11,500 Has.) por compra, al Estado peruano, de tierras aparentemente eriazas, y por ende baratas, de parte de empresas y grupos financieros nacionales. El Estado vendió estas tierras prometiendo y comprometiéndose a entregar, junto con las tierras, derechos y acceso al agua, lo que es crítico, porque ya hay escasez de agua en el sistema Chira-Piura y sería a costo y despojo de agua de los agricultores piuranos regantes. Por otro lado, existe el proyecto de conducción de agua Alto Piura, de la cuenca alta de Huancabamba, de donde también se transvasa las aguas a la cuenca del Proyecto Olmos en Lambayeque. Es más, todo indica que estas “nuevas aguas” de Alto Piura servirán para posible producción de bio-combustibles, en las tierras adquiridas. Frente a esta situación, los agricultores de Alto Piura se sienten despojados del acceso al agua de su cuenca.

Cuadro 3. Concentración de tierras en Piura por parte de empresas y
grupos financieros nacionales

(iv) El cuadro 4, presenta información de la compra de tierras de las ex-cooperativas azucareras, un total de 116,797 Has., efectuada por grupos financieros nacionales como Oviedo (21,800 Has), el Grupo Gloria (44,997 Has.), Grupo Picasso (16,000 Has.), Michell (empresa de lana de alpacas y productos agrícolas de exportación) y Grupo Wong (mega red de supermercados) y una empresa colombiana (grupo Manuelita). En algunos casos, estos grupos re-compraron tierras de la Reforma Agraria. Las empresas agroindustriales de estos grupos financieros se dedicarán a la producción de caña de azúcar y derivados, así como a la producción de bio-combustibles. Toda esta producción estaría bajo riego y concentrará por ende una gran cantidad de derechos e ingentes cantidades de agua. Los ex-cooperativistas seguirán ahora como trabajadores y peones agrarios en estas empresas. Los conflictos que se presentarán son sobre el acceso y reparto del agua con otros agricultores pequeños y no-empresariales y con los trabajadores sobre asuntos laborales.

Cuadro 4. Empresas azucareras agroindustriales en Perú

(v) No sólo se constata en el Perú una tendencia de mayor concentración de tierras y por ende el acceso y uso del agua, con fines agro-industriales, de agro-exportación, y concesiones mineras, sino también la tendencia de un aumento de las concesiones forestales para explotación de áreas de bosque amazónico y la exportación de madera al mercado mundial, mayormente a los países industriales (ver cuadro 5).

Cuadro 5. Las concesiones forestales en el Perú (mayo 2007)

La cifra de 7.7 millones de Has. forestales concesionadas oficialmente, a menudo en territorio de comunidades nativas, obviamente no da cuenta de la explotación forestal no concesionada o ilegal, que puede ser eventualmente igual o mayor. Durante un buen tiempo de las últimas décadas, la exportación de madera del Perú era en buena medida ilegal, es de esperar que la cantidad haya disminuido. Además, hay que reconocer que las concesiones forestales oficiales no siempre cumplen, en la práctica, con los compromisos y exigencias de un manejo forestal adecuado.

Obviamente la deforestación real en el Perú —por múltiples razones y fines económico-sociales, como la invasión de nuevos colonos de la región andina y el cultivo de la hoja de coca—, llega a cifras aún mayores. En el periodo 1975-2005, la superficie de bosques disminuyó en 4 millones de Has. (FAO/INRENA 2005). La deforestación agresiva por la explotación de la pequeña minería o minería informal de oro, en partes de la selva alta como en Madre de Dios, es otro factor de disminución de la superficie de bosques.

(vi) El cuadro 6 proporciona cifras de concentración de áreas donde operan 12 empresas petroleras sobre un área total de 44 millones de Has. De éstas, 20% está en manos de la empresa Petrobras con Petroperú, mientras las otras empresas manejan entre 2 a 3 millones de Has. cada una.

Cuadro 6. Áreas adjudicadas a empresas petroleras
en la amazonía peruana (diciembre 2007)

El quehacer ambiental y social de las empresas petroleras y de explotación del gas es objeto de muchas críticas nacionales e internacionales. Las concesiones han aumentado de manera radical entre 2004 y 2006. En solo dos años el área concesionada para la exploración y explotación petrolera y de gas aumentó de 13% del territorio amazónico a 70 % y falta poco para cubrir toda la amazonía peruana³. Parece un verdadero remate de la amazonía del Perú.

Las consecuencias del impacto ambiental en los territorios de las comunidades indígenas son desastrosas y el control de la Ley no es efectivo y no se acerca a estas afectaciones, que a menudo parecen realmente dramas naturales y sociales, como por ejemplo los derrames de la explotación petrolera que dañan seriamente eco-sistemas amazónicos, cuerpos acuáticos, bosques, fauna silvestre y consecuentemente la base económica y sistemas de vida de las comunidades nativas.

4. Gobernabilidad de recursos naturales, movimientos sociales y conflictos socio-ambientales actuales en el Perú

Apenas el APRA asume el gobierno en 2006, Alan García realiza un giro político de 180 grados e impulsa de manera agresiva una política neo-liberal de apertura total a la inversión nacional y extranjera en los sectores de agro-exportación, la minería, la explotación de hidrocarburos, las concesiones forestales, y declara a las protestas sociales como anti-sistema. En julio y agosto 2008, el gobierno prepara una carpeta de 96 decretos legislativos que deben arreglar todos los vacíos y ajustes pendientes en la legislación peruana sobre los recursos naturales, ambiente, agua, acceso a tierras y territorio, así como sobre la gestión y organización de comunidades campesinas y nativas. Estos arreglos legislativos deben permitir una cabal y comprometida implementación de los acuerdos firmados del TLC con los Estados Unidos e intensificar una política económica de corte neo-liberal.

Las protestas no se dejan esperar y el movimiento de las organizaciones de los pueblos amazónicos las lideran en contra de los nuevos decretos legislativos que amenazan sus territorios y sustento de vida, sin respeto ni reconocimiento a sus derechos, como pueblos indígenas, al territorio, recursos naturales y una cultura y sistemas de vida propias. Se resalta la obligación de realizar consultas frente a cualquier iniciativa, intervención, proyecto, decisión o legislación que los involucre (OIT 169), derechos que fueron recogidos y establecidos en la Constitución del Perú y ampliamente ratificados por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (Setiembre 2007). La respuesta del Gobierno es contraproducente y represiva, reflejando un total desencuentro cultural y gran incomprensión de lo que pasa en el país y la existencia de perspectivas culturales y sociales diferentes.

El conflicto desemboca en el drama de una represión y respuesta violenta en Bagua. El gobierno retrocede, ofrece el diálogo, pero el proceso lento de éste y la falta de voluntad política, hace que disminuya, e inclusive anule, las expectativas de los pueblos indígenas, que se refleja de alguna manera también en las protestas de pueblos y comunidades andinas. La relación entre gobierno y sociedad civil es muy frágil, compleja y con ausencia de diálogos efectivos. Sin embargo, los movimientos indígenas logran con esta lucha una presencia e influencia política en el país.

Por otro lado, el gobierno impulsa la titulación de tierras y por ende la parcelación de las mismas a nivel familiar individual en comunidades campesinas de la sierra con el programa COFOPRI – Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – (casualmente y con frecuencia en los ámbitos de concesiones mineras) y de la misma manera la formalización de los derechos de agua, tanto a nivel grupal como individual, que debe permitir la apertura de un “mercado” de compra y venta de tierras que están todavía en manos de las comunidades. En el campo existe una preocupación por las amenazas (supuestamente intencionales) de desaparición de la pequeña agricultura de subsistencia, tierras y pequeñas parcelas familiares y tierras comunales, así como de la organización social comunal en torno al territorio de las comunidades campesinas e indígenas. En estas condiciones, crece la migración de los jóvenes del campo que abandonan las comunidades campesinas buscando alternativas en la ciudad⁴.

Una nueva Ley de recursos hídricos, diseñada por un equipo de profesionales en gabinete y desde la capital, Lima, y aprobada en un mínimo de tiempo y debate en el Congreso (Abril 2009), maneja un amplio discurso de gestión integrada de recursos hídricos descentralizado y por cuencas, pero refuerza la gestión sectorial central (Autoridad Nacional del Agua, ANA) con dependencias locales fuertemente articuladas al nivel central (Autoridad Local del Agua, ALA), sin una efectiva participación social. Tiene un afán poco claro, y hasta dudoso, de reglamentar los derechos de ‘uso y costumbre’ de las comunidades campesinas e indígenas y deja vacíos sobre los alcances de la privatización de la gestión y el acceso al agua. La base de esta nueva Ley es en realidad el decreto legislativo 1081 (que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos) del paquete de arreglos legales en relación al TLC. La Junta Nacional de Regantes después de varias discusiones, protestas, paros y también propuestas alternativas, se conforma finalmente con esta Ley, mientras que múltiples organizaciones de regantes bases de la Junta Nacional se oponen, exigiendo su total derogatoria.

La muy limitada, débil e inadecuada gestión sectorial pública y social de los recursos hídricos ha generado en los últimos 40 años un creciente deterioro ambiental, un desequilibrio entre la gestión de oferta y demanda, contaminación generalizada de las aguas de diferente origen, mayor acumulación y concentración de acceso y uso del agua por parte de las industrias extractivas, agro-exportación y algunas grandes ciudades. Esta situación y tendencias crecientes van generando múltiples conflictos socio-ambientales que se están incrementando durante los últimos años en cantidad e intensidad.

La Defensoría del Pueblo que monitorea los conflictos en el país, reporta:
- en abril 2007: 32 conflictos socio-ambientales⁵;
- en octubre 2009: 132 conflictos socio-ambientales⁶ (79 % son con empresas mineras y de hidrocarburos).

Una larga lista de diversos tipos de conflictos sobre el acceso, distribución, uso y contaminación del agua se ha desarrollado durante los últimos cinco años en el Perú. Los conflictos se extienden a nivel regional e inter departamental, sobre trasvase de aguas, acceso y sentido de propiedad de las mismas, entre usos urbanos y rurales, con empresas hidroeléctricas, entre comunidades campesinas y empresas mineras, entre comunidades nativas y empresas petroleras, entre organizaciones de usuarios, comunidades campesinas y la administración y autoridad del agua sobre el conflictivo otorgamiento de derechos de agua.

También aumentan conflictos entre comunidades en microcuencas, sobre el reparto del agua entre la parte alta, media y baja, frente a su escasez y a partir de la degradación de las cuencas y la disminución de su capacidad de retención, agravada durante los últimos 30 años por los fenómenos y efectos del cambio (y la variabilidad) climático. Según estimaciones, se habría perdido en los Andes del Perú 50% del agua de fuentes como manantiales y bofedales (humedales alto-andinos)⁷. La vulnerabilidad en comunidades campesinas es creciente y la seguridad alimentaria disminuye seriamente.

Los efectos del cambio climático ya son notorios en el país y son sentidos claramente por las comunidades andinas, las mismas que de hecho tienen ciertas alternativas de adaptación a este cambio climático, en su bagaje de conocimientos y experiencia de campo, acostumbrados a la variabilidad climática que es propio de las montañas. Pero también encuentran crecientemente las limitaciones en la gestión social de las comunidades rurales en circunstancias tan adversas. Por otro lado, existe una alta debilidad, poca visión y limitada capacidad socio-técnica en la gestión pública, que se agrava aún más en un contexto de conflictos socio-ambientales con los mencionados actores de poder económico.

5. Algunas conclusiones

En el Perú actual el Gobierno implementa agresivamente una política neo-liberal que da amplia apertura, prioridad y apoyo a las empresas de explotación extractiva de minería, petróleo, gas y forestal, la agro-industria y agro-exportación. Esto genera de manera creciente fenómenos de acumulación y concentración del acceso y uso de los recursos naturales, tierras, agua y territorio, en desmedro de la seguridad hídrica, la sobrevivencia económica y social de las comunidades campesinas en la sierra y la perspectiva del desarrollo propio de comunidades nativas en la cuenca amazónica.

En este contexto las comunidades campesinas e indígenas se ven envueltas en frecuentes conflictos. Las intervenciones del Estado terminan a menudo de manera desfavorable o negativa para los campesinos andinos y la población indígena en los territorios amazónicos, porque se desarrollan en una realidad de grandes asimetrías de poder y marginación política y cultural. En estas circunstancias crece, en estas poblaciones, aún más el sentimiento de exclusión y marginación, lo que hace que las movilizaciones de protesta sean a menudo intensas y fuertes.

El proceso de concentración de tierras y agua, produce cambios en las características y el significado particular del territorio y el “paisaje hídrico” lo que frecuentemente limita y afecta seriamente la potencialidad del desarrollo local, la perspectiva de sobrevivencia de las comunidades campesinas y la reproducción del tejido social.

En la valorización de los recursos naturales en el país predomina una orientación económica de mercado en desmedro de las valorizaciones sociales, culturales y ambientales. Existe una relación de desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil y de desconfianza en los planes, políticas, normas y decisiones del gobierno central, regional y local, con obviamente excepciones en casos de gestión pública compartida y reconocida por la población. La falta de voluntad y capacidad para emplear y promover el diálogo intercultural sobre la gestión de los recursos naturales, agua, tierras y territorio, es notorio.

Los efectos e impactos de la acumulación y concentración de derechos, el acceso y usos del agua por empresas extractivas y sectores económicos productivos dominantes sobre las comunidades campesinas e indígenas se intensificarán probablemente por los crecientes fenómenos del cambio climático – por ejemplo en relación a la menor disponibilidad del agua y la creciente competencia entre usuarios – y consecuentemente, aumentará la vulnerabilidad de las poblaciones en el ámbito rural. Se puede concluir que si no se cambia la política neo-liberal y el modelo de desarrollo económico que se sustenta principalmente en las industrias extractivas, no cambiará por lo pronto la situación de acumulación, concentración, disposición y seguirán aumentando los conflictos por el acceso y usos de agua, tierras y territorios.

Aunque existen en el Perú ofertas interesantes de capacitación sobre la gestión integrada de los recursos hídricos y la gestión territorial con enfoque de cuenca; se hace evidente también un déficit de conocimientos y capacidades para poder influenciar sobre la realidad de la acumulación y los conflictos. El monitoreo y la investigación sobre temas de justicia hídrica se realiza todavía de manera dispersa y a menudo a nivel personal, lo que requiere mayores esfuerzos de articulación, difusión y traducción en estrategias de incidencia.

Bibliografía de referencia

DL 1081, Sistema Nacional Recursos Hídricos, El Peruano, Notas Legales, 28 de junio 2008.

Ley Nº 29338: Ley de Recursos Hídricos. Ministerio de Agricultura, Autoridad Nacional del Agua, abril 2009.

Oré, M. Teresa; Castillo, Laureano del; Orsel, Saskia van; Vos, Jeroen. El Agua ante nuevos Desafíos. Actores e iniciativas en Ecuador, Perú y Bolivia., IEP / OXFAM, marzo 2009.